Para principio del 2006, el plan de cesantías estaba en vigor en Fomento y los empleados estaban desesperados y en estado de "indefesión". Sonaba en los pasillos la frase de que "las batatas se iban a ir" y surgieron hasta expresiones por televisión que luego trajeron cola. Admito que estos eventos catapultaron mi deseo de no querer ser más un abogado postulante sino de estar al otro lado de la verja: ser un juez al estilo de Negrón García, Wendell Holmes o de Emmet Sullivan; obviamente en un tribunal de menor jerarquía.
El llenar el formulario de nombramiento para juez del Tribunal Superior de Puerto Rico y obtener todos los documentos necesarios para radicarlo en la Oficina de Nombramientos de la Fortaleza no fue nada engorroso. Lo engorroso siempre se me ha dado bien; tengo una paciencia para desmenuzar, recopilar y evaluar papeles que fue desarrollada durante mis años de bachillerato en la Biblioteca José M. Lázaro de la Universidad de Puerto Rico durante mis investigaciones usando los tarjeteros.
Para la posicion de juez superior se requería por lo menos siete (7) años de experiencia en la profesión y yo había superado eso por mucho tiempo. Al haber completado el formulario en todas sus partes y con todos los documentos anejos, fui a la Fortaleza en una tarde con Puri quien esperaba en el auto mientras hacía esta diligencia; estacionar en el Viejo San Juan es lo más pesado del mundo y caminar con chaqueta y corbata me iba garantizar que llegaría sudado como un cosaco ruso.
Al momento de hacer la entrega me saludó gratamente el director de dicha oficina con quien había trabajado en otras ocasiones para tiempos de Sila María Calderón; pensé que todo iba a correr adecuadamente y sin tropiezos, cosa que al final no ocurriría. Incluso, poco después le comenté a un cólega que me preocupaba que mi nombramiento no fuera considerado por razones políticas. Mi temor estaba fundado en que para los años de 1999 al 2001 había trabajado con un bufete que se identificaba con el Partido Nuevo Progresista y en donde uno de sus socios se había puesto las botas escribiendo en El Vocero cosas en contra del Gobernador de Puerto Rico. El y otros más me decían que descuidara que todo marcharía bien. Una vez más, luego de leer el Sable del Caudillo de José Luis de Villalonga, me retumbaba en mis sienes aquella frase tan odiosa de que "dejo todo bien atado".
No pasó ni dos semanas desde la radicación cuando recibí una llamada de un empleado del Colegio de Abogados de Puerto Rico diciéndome la fecha de la entrevista ante la Comisión de Nombramientos Judiciales de esta institución. A pesar de que estaba seguro de muchas materias, me faltaba prepararme en otras que carecía de experiencia o que se me había olvidado porque no me interesaba. Como dije en una publicación anterior, busqué y pregunté sobre cómo prepararme y que debía de hacer. Empecé a "bajar" libros de mi biblioteca y a comprar un resumen de Derecho Penal de esos que vendía una librería cerca de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. En cuanto al tema de ética judicial compré un libro de la American Bar Association y me lo aprendí como si fuera parte del MPRE. Las noches y fines de semana de preparación y estudio me recordaban cuando estudiaba para la reválida; fueron extenuantes, pero no quería hacer el ridículo. Yo había escuchado que a veces el comité se componía de dos a tres abogados preguntando y a veces eran más. No iba a correr ningún riesgo por falta de preparación; ese fue el momento en que mi conducta compulsiva por prepararme kicked in.
Llegado el día y habiendo ido al salón de conferencia del segundo piso de la sede del Colegio de Abogados de Puerto Rico en Miramar, me indicaron que mi entrevista comenzaría a las 7:00 pm ante un panel compuesto por 7 abogados (5 hombres y 2 mujeres) de distintas regiones judiciales. Al enterarme de la composición del panel admito que mi presión arterial se precipitó al saber que dos de ellos eran litigantes de primer orden y su reputación de entrevistadores era de miedo. Lo que me llamó la atención era el número de hombres que componía el grupo, un mal que aqueja a nuestra sociedad.
Al ser mi turno, me sentí como estudiante de grado doctoral que iba a defender su tesis ante un panel. Yo estaba en una silla tipo pupitre en el medio del salón el cual no era muy grande, el panel había puesto sus sillas en forma semicircular. Me llamó la atención que las dos abogadas se encontraban a mi derecha mientras que la mayoría de los abogados se encontraban a mi izquierda.
La entrevista-evaluación comenzó repasando mi solicitud y con preguntas sobre mis años en la Facultad de Derecho y el trabajo que realicé durante mis años en el gobierno y en el sector privado. No había un orden de hacer las preguntas, era como si yo estuviera argumentando un caso ante el Tribunal Supremo, contestando preguntas y uno del panel interrumpía con otra o esperaba mi respuesta para formular una pregunta distinta o a tono a la anterior. No había pasado ni media hora cuando un representante de la Delegación de Río Piedras me comenzó a preguntar sobre casos de expropiación y lo que ocurría cuando el gobierno permitía el desalojo de familias pobres para disponer de terrenos y venderlos para la construcción de algún adefesio que beneficiara a un comerciante. Para esa fecha se estaba cuestionando las expropiaciones del Municipio de Guaynabo en el barrio Frailes de dicho municipio. Mi respuesta estuvo basada en el concepto del fin público y lo que constituía; recuerdo haber citado el caso de Rosso v ELA y el de Adm. de Terrenos v Nerashford. Al final de mi respuesta terminé diciendo que me limitaba a contestar la pregunta en cuanto a la normativa de Derecho vigente; el entrar a dar mi opinión constituía un quebranto de mi deber judicial de expresarme con antelación a cualquier controversia que yo pudiera tener ante mi consideración si fuera confirmado para juez. Me percaté que todos estaban tomando notas de mis respuestas y al parecer la respuesta fue bien recibida porque unos cuantos sonreían demostrando aceptación. En ese momento pensé que bien valió la pena el haberme leído algunos libros sobre jueces del Tribunal Supremo Federal y su proceso de preparación previo a una evaluación del Senado.
No había pasado ni un minuto cuando un fiscal me asaltó con preguntas sobre delitos y mi postura sobre las masacres. Al fiscal lo conocía porque estudiamos juntos y no quise dar muestra de tal hecho; pero si existía alguna duda sobre nuestra relación de compañeros de estudios al final de este proceso, creo que con su pregunta disipó cualquier sospecha consideración porque su pregunta no fue fácil. Recuerdo la línea con que la comencé mi respuesta: El señor fiscal habrá observado que mi experiencia no es en el área de lo criminal, porque nunca tuve la sangre para ser abogado criminalista, pero intentaré, lo mejor que pueda, contestar la pregunta formulada. Su comentario, en tono jocoso fue cólega me insulta por no querer ser criminalista. Mi respuesta estuvo limitada a mencionar los elementos del delito según el Código Penal vigente y de las instrucciones que daría si el juicio fuera por jurado. Sí tengo presente y con claridad mi cierre a la respuesta: es probable que no haya tocado todos los elementos del delito ni alguna otra jurisprudencia, pero usted puede estar seguro que si fuera asignado a una sala criminal haré justicia según me fuera requerido porque enviar a alguien a la cárcel constituye una gran responsabilidad.
El resto de las preguntas giraron en torno a casos recién resueltos por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, mis escritos jurídicos sobre libertad de expresión y la funciones sobre lo que debe ser un buen juez. Todo este proceso duró alrededor de dos horas que parecieron eternas. Una vez terminado este proceso todos me desearon suerte y no dieron indicio de su fallo o determinación sobre mi solicitud o mi capacidad para ser juez.
En una próxima publicación contaré mi experiencia con los agentes del orden público y su método de evaluación de mi persona y el comité evaluador de la Fortaleza. Abajo incluyo el enlace del Informe del Colegio de Abogados de Puerto Rico favoreciendo mi nombramiento en el 2006.
http://www.capr.org/dmdocuments/Actas_04_06/feb_06.htm
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